CARATULA DEL DIA JUEVES 31 DE JULIO 2015

CARATULA DEL DIA JUEVES 31 DE JULIO 2015

Inseguridad: El problema es Humala

En su último mensaje, el presidente se resiste a liderar lucha contra el crimen:

En su último mensaje a la nación, el presidente Ollanta Humala hizo algunos anuncios positivos en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, pero lamentablemente dejó en claro que no piensa ejecutar ni liderar las reformas institucionales necesarias para acabar de raíz con ese grave problema que afronta el país.

El presidente presentó como uno de los mayores logros de su gobierno en materia de seguridad ciudadana el haber destinado más de 700 millones de soles en mejorar la infraestructura de la Policía Nacional (PNP) y también la aprobación de algunas normas dirigidas a contrarrestar la ofensiva actual del crimen organizado.

Muy bien las mejoras en infraestructura de la PNP, pero el problema que arrastra esa institución es institucional y se expresa en décadas de corrupción en todos sus niveles, una descomposición que brinda impunidad al delito ¿Se puede resolver este problema con más autos patrulla, motocicletas, equipos de comunicación o refaccionando o construyendo comisarías?

En cuanto a las leyes aprobadas, nadie puede poner en duda la buena intención del presidente, pero tampoco podemos dejar de señalar que leyes contra el crimen es lo que más existe en el país. El problema es que no se aplican porque la corrupción también está arraigada en las instituciones encargadas de administrar justicia: El Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Bien que se tipifique el delito de sicariato y que se le imponga una pena mínima de 25 años, pero ¿quién le garantiza al país que esas leyes serán aplicadas o solo serán materia de un comercio más costoso de impunidad para los delincuentes en los pasillos judiciales?

El presidente Ollanta Humala no entiende que el cargo que ejerce va mucho más allá de ser el jefe del Ejecutivo. Es, además, Jefe de Estado, es decir líder de la nación, Primer Mandatario, a quien le corresponde liderar al país y a sus instituciones para alcanzar los objetivos nacionales y enfrentar las amenazas contra el país.

Nadie pretende que el jefe del Ejecutivo interfiera en la autonomía de los otros poderes del estado, pero sí es posible que el Jefe de Estado exhorte e inste, en el nombre de la Nación, a las instituciones encargadas de administrar justicia para que asuman una actitud proactiva, transparente y protagónica en la lucha contra la delincuencia. Y también es posible que el Presidente de la República abra y promueve un debate nacional sobre las reformas institucionales que se requiere en esas instituciones del estado.

Pero, sobre todo, el Presidente debería liderar activamente, en todo el país, la movilización ciudadana que ha surgido espontáneamente para enfrentar la ofensiva del crimen, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y El Agustino, también en Trujillo, Casma, Chimbote, San Martín, etc., y que se extiende a todo el país.

En síntesis, en su último mensaje de la Nación, el presidente confirmó que no ha entendido ni entiende la dimensión compleja del problema de la inseguridad, lo asume como un asunto policial-legal; y tampoco ha entendido que su principal papel como jefe de Estado es liderar a la nación. Una lástima porque parece que así acabará su mandato

Por Víctor Robles Sosa

La falacia de “fallo favorable”

Enfoque de la sentencia de la C-IDH sobre el caso

 Chavin de Huantar

En estos últimos días, la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH), en Costa Rica, ha ocupado las primeras planas de los medios de comunicación nacionales e internacionales. El fallo me parece un perfecto “sí es, no es…tienen razón, pero van presos”.

La mayoría de los que han opinado al respecto manejan la tesis de que la sentencia es favorable, otros opinan de buena fe que con aquella se termina este enojoso incidente y que todos los que de alguna manera nos vimos envueltos en las diferentes etapas de estos juicios -incluidos los seguidos en la Justicia Militar- debemos estar contentos y felices. Han pasado más de 18 años desde que los eventos ocurrieron y se iniciaron con la denuncia del ciudadano japonés Hidetaka Ogura. La justicia militar se hizo cargo del primer juicio por determinación de la Corte Suprema, el más alto organismo de justicia del Perú, que así lo dispuso al resolver una contienda de competencia. El fallo posterior del fuero castrense dispuso el sobreseimiento de la causa.

Una vez más, recurriendo a una falacia basada en medias verdades y muchas mentiras, se pretende hacernos creer que el vaso puede estar medio vacío o medio lleno.

Me explico mejor: algunos nos dicen que el juicio ya terminó y que lo resuelto por la Justicia Militar acerca de la actuación de los comandos va a prevalecer porque así lo ha definido la C-IDH en su reciente fallo y que los judiciables ya no serán molestados más.

El defensor de los terroristas, Dr Carlos Rivera Paz, de la ONG IDL, ha declarado en una entrevista transmitida por un canal de televisión, que tendría que investigarse la actuación de los generales José Williams.   Luis Alatrista y Augusto Jaime Patiño, que comandaron la operación, para que declaren quienes o quien de ellos autorizó la supuesta presencia de los llamados “gallinazos” en la residencia. Esta versión fue creada el 2002 por el entonces Ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola para culpar del supuesto asesinato de terroristas a quienes participaron en la operación dando apoyo logístico, no de combate.

Según Rivera, los tres jefes de la operación de rescate podrían ser acusados del supuesto asesinato de un terrorista aplicando la doctrina de la autoría mediata -por haber ejercido el “dominio del hecho”- que se utilizó para declarar culpable al ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori por los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos.

No se necesita definir que esa acusación tendría que ser complementada o cruzada con las patrullas que comandaron los tres Generales, con lo que queda claro que los comandos “SÍ” serían involucrados en la acusación. De paso también serían involucrados en el juicio algunos rehenes relevantes, con lo que se entraría en un estado de juzgamiento a sabiendas de que la línea entre testigo y  acusado es débil y a veces difusa, de tal manera que los llamados podrían estar en vísperas de un re-juzgamiento formal.

Este razonamiento, hábilmente ideado por las ONGS, en contubernio con la Corte de San José, supondrá para quienes fuimos cautivos del MRTA mantener la condición de “Rehenes por Siempre”, como lo he señalado en el libro que escribí al sobre el caso. ¿Cuantos años más de juicios vamos a padecer los comandos y los ex rehenes? Vaya usted a saber, es una gran incógnita.

Se olvidan de que los posibles judiciables como sus familiares ya han padecido demasiado tiempo lo que yo he llamado el “lucro cesante espiritual y daño colateral”, que produce en las familias un estrés mayor que el que sufren los que serían juzgados debido a la incertidumbre total del futuro del hogar familiar. Esto sin contar la vergüenza de que deben enfrentar los hijos, nietos y amigos, al ver que su padres, abuelos o amigos son acusados de ser delincuentes.

En el juicio civil se le dio crédito al testimonio aportado por un antropólogo forense -Pablo Baraybar- y se dejó de lado cinco testimonios presentados por médicos forenses criminalistas y también por psiquiatras y psicólogos forenses, obtenidos durante el actual Gobierno, que en este sentido ha actuado correctamente pero que cuyo esfuerzo ha sido infructuoso en las instancias nacionales e internacionales. Este hecho ilustra la manera totalmente parcializada e ideologizada con que han actuado esas instancias judiciales.

No nos engañemos, necesitamos del apoyo de la población que vivió la alegría de nuestro rescate para rescatar a los comandos de las páginas policiales y devolverlos a las páginas de la gloria, de donde nunca debieron salir. Pero con esto no debiera terminar todo, hay que sancionar a los promotores de estas vesanias.

Por Luis A Giampietri Rojas

13 – Jul – 2015

¿Se debilita Cateriano?

El nuevo momento de polarización política propiciado

 desde Palacio

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha comenzado a desenvainar el sable en medio de un intenso fuego cruzado entre la cúpula más alta de Palacio y la oposición. La pregunta es, ¿le conviene al PCM volver a mostrar las armas que había guardado luego de su nombramiento como jefe de Gabinete?

El presidente Humala viajó a España y se transformó en acérrimo opositor de las instituciones y el espacio público del Perú. Sus declaraciones causaban la impresión de un jefe de Estado preso en la Casa de Pizarro, asediado por fuerzas que lo sobrepasaban. No se daba cuenta que estaba demostrando que era un Mandatario que casi no gobierna. Arremetió contra el Congreso por las investigaciones a Nadine Heredia y volvió a hablar de una “supuesta concentración de medios” actualizando el recetario chavista en América Latina.  Y para cerrar el despropósito intentó nuevamente canonizar al autócrata Hugo Chávez.

Cateriano se sumó al golpe contra los medios, pero se desmarcó de la adulación chavista. Pero el PCM también le había puesto los puntos sobre las íes al ministro de Economía, Alonso Segura, por el yerro de la Expo Milán en medio de un despelote oficialista: el ministro Pérez Guadalupe tomaba claras distancias del exabrupto contra la prensa en el Perú en tanto que líderes de la bancada oficialista también se alejaban de los piropos al chavismo.

Para cualquiera es evidente que don Pedro Cateriano empieza a ser engullido por circunstancias que no puede controlar. Mala noticia para la transición democrática.

Cateriano se volvió fuerte luego de que la intromisión de Nadine Heredia en la función ministerial desató colisiones impensadas entre Ejecutivo Legislativo. A los gabinetes se les negaba el voto de confianza y la censura de la ex PCM, Ana Jara, empujó a la institucionalidad cerca del abismo. En medio de esos cañonazos, Cateriano desarrolló audacias que lo empoderaron: se reunió con sus archirrivales Keiko Fujimori y Alan García.

Con esos gestos, el PCM consiguió el voto de investidura y, de pronto, algunos sostuvimos que el mejor aliado de Cateriano iba a ser la oposición habida cuenta de que se debía garantizar el cronograma electoral. La mal llamada pareja presidencial era la suma de los yerros públicos y se mostraba incómoda con el protagonismo del PCM.

Sin embargo las investigaciones contra Heredia reactivaron la polarización entre la oposición y la cúpula palaciega, pero Cateriano se mostró incapaz de gestar un escenario alternativo. El político muestra sus límites. De alguna manera, en medio de disparos y heridos, la mal llamada pareja presidencial recupera el rábano por las hojas y la posibilidad de un puente entre Palacio y oposición comienza a derrumbarse.

¿No es hora de volver a desarrollar gestos audaces con los opositores? La política es un arte, una arquitectura que se construye ladrillo por ladrillo. Sin embargo Cateriano ha optado por contemporizar con la situación dentro del oficialismo y ha comenzado a disparar contra los medios, las encuestas, y no sería nada extraño que mañana lance granadas contra la oposición. Cateriano quizá no percibe que él mismo comienza a desinflar todas las expectativas que había generado. La lección es tremenda: los demócratas ganan en el acuerdo y pierden en la polarización.

Por Víctor Andrés Ponce

13 – Jul – 2015

CARATULA DEL DIA LUNES 13 DE JULIO 2015

CARATULA DEL DIA LUNES 13 DE JULIO 2015

REFLEXION ANALITICA - PROPIEDADES

REFLEXION ANALITICA - PROPIEDADES

Un ladrón entró al banco gritando a todos: "Que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, su vida en cambio les pertenece".
Todos en el banco, en silencio y lentamente se tiraron al piso.
A esto se llama:
"CONCEPTOS PARA CAMBIAR MENTALIDADES"
Cambia la manera convencional de pensar en el mundo".

En eso, una mujer se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le gritó:
"Por favor, compórtese, ¡se trata de un robo, no de una violación"
Esto se llama:
"SER PROFESIONAL"
¡Enfócate en lo que estás especializado en hacer"

Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven (con una especialidad MBA) le dijo al ladrón viejo (que apenas terminó la primaria): "Oye viejo, contemos cuánto nos llevamos".
El ladrón viejo, evidentemente enojado, le replicó: "No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias nos digan cuánto perdió el banco"
A esto se llama:
"EXPERIENCIA"
La experiencia es más importante que un papel de una institución académica.

Una vez que se fueron los ladrones el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato a la policía.
El supervisor le dijo: "Alto, alto, antes consideremos los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes pasado y lo reportamos como si los ladrones también se los hubieran llevado"
El Gerente dijo:
"Correcto"
A esto se llama:
"GERENCIA ESTRATÉGICA"
"Sacar ventaja de una situación desfavorable."

Al día siguiente en las noticias de la televisión se reportó que se habían robado 100 millones del banco, los ladrones solo pudieron contar 20 millones.
Los ladrones, muy enojados reflexionaron:
"Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones mientras el gerente del banco se robó 80 millones en un parpadeo"
Por lo visto conviene más estudiar y conocer el sistema que ser un vulgar ladrón. Esto es:
"EL CONOCIMIENTO ES TAN VALIOSO COMO EL ORO"
*El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado cambiario fueron cubiertas por el robo.
A esto se llama:
"APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

MORALEJA

DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBAR UN BANCO

.
DALE UN BANCO A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBARLE A TODO EL MUNDO.

Región Lima: Sin orden no hay progreso

Región Lima: Sin orden no hay progreso

No hacía falta ser pitoniso. No había “Plan Cuadrante” porque en el furor de la campaña todo valía para llegar al poder. Era pura comunicación política. Ahora resulta que aunque el Gobierno Regional de Lima está primero en ejecución del  gasto en proyectos de inversión según el Ministerio de Economía y Finanzas resulta que también estamos primeros en una  lista crítica de inseguridad. Solo un ver, en plena luz del día asaltan un conocido banco en Cañete.    

Augusto Comte, padre del positivismo y también de la sociología proclamó el orden y progreso como principio. Fue tanto su impacto en América Latina al fin del siglo XIX que hasta en la bandera del Brasil el “Orden y Progreso” se hizo más famoso. Es cierto que el problema da para más. Es complejo como todo en la vida. Pero si algo es seguro es que todas las experiencias de países que lograron el desarrollo tanto de izquierdas o derechas necesitan un mínimo de orden social que haga posible la convivencia respetando el estado de derecho y la ley.

En un país con un crecimiento económico desordenado como este, con desbordes y conflictos sociales, sin liderazgos políticos, con debilidades institucionales, con partidos endebles y un estado en suma ineficiente es claro que la inseguridad ciudadana ocupe el primer lugar en las encuestas como una demanda inmediata. También en todos los ejemplos de desarrollo el grado de confianza entre los ciudadanos es vital pero fundamentalmente el grado de confianza en su “estado”. La inseguridad ciudadana genera mayor desconfianza e incertidumbre al ver que “su estado” con sus armas legales -ministerio público, la policía nacional o los juzgados- no resuelven el problema y hay un olor rancio de impunidad. Días antes conocimos el reclamo público a la fiscalía o a los juzgados que dejan en libertad a bandas organizadas o delincuentes por no existir mayor prueba en su contra a pesar de que “todos los caminos conducen a Roma”.

Eso hace entre otras cosas que el ciudadano decline por un gobierno fuerte ante la debilidad de las instituciones administradoras de justicia. Por eso posiblemente el fujimorismo de Keiko se mantenga en su sólido 30%. Los ciudadanos relacionan el gobierno de su padre con una percepción de orden y mano dura. El país entonces se endurece. Prefiere la mano de hierro ante la impunidad de la débil democracia con sus instituciones y mira no con menor delicia los ejemplos en otras latitudes –Singapur, Corea, China- donde la imposición de un sistema de condenas duras como la pena de muerte han logrado desincentivar el delito.

Las causas pueden ser variadas o profundas, estructurales si se quiere. La pobreza ha sido por años un “supuesto legítimo” para la aparición de la delincuencia pero aún así investigaciones recientes no concluyen nada. En algunos países con mayor desarrollo económico la delincuencia es también mayor. Del mismo modo no se sabe si la pena de muerte es una solución eficiente. Pero como habíamos dicho los ciudadanos se sienten desprotegidos frente a una ola interminable donde hay la percepción de que el estado “no responde”.

Pero eso no evita en ningún momento que el estado en todos sus espacios geográficos se limite solo a hacer marchas o protestas pacíficas para rechazar la inseguridad. Faltan varias cosas para un tema sumamente complejo. Aún así el estado puede actuar de forma eficiente para atender el problema. La primera sería a través de inversión pública. Por ejemplo preocupa sobremanera que desde hace años solo once cámaras, algunas malogradas, estén activas en una ciudad como Huacho con más de 70 mil habitantes. Eso puede solucionarse mediante un plan de seguridad amarrado a un programa de inversión multianual. Es decir gestión pública moderna. También es importante incluir a la ciudadanía que han “privatizado” en cierta forma parcelas de justicia. Hoy es recurrente ver urbanizaciones o barrios “asegurados” o por rejas o por personal pagado por los propios ciudadanos. La coordinación entre las instituciones que administran justicia también es importante, aunque como se sabe, cada una funciona a su “ritmo”.

El nuevo código procesal penal apenas ha cumplido nueve años y ya se encuentra algunas fallas. Algunos lo creen “muy garantista” y otros encuentran las debilidades en quien las hace cumplir, es decir los jueces y fiscales. El otro problema es sempiterno: la policía nacional.

Willian Beveridge, animador del estado de bienestar decía que había que matar a “los cinco gigantes malvados”: la desocupación, la ignorancia, la enfermedad, la miseria y la desocupación. Acaso también debió poner la inseguridad ciudadana.            

Javier Iván Arenas

Región Lima: Sin orden no hay progreso

Región Lima: Sin orden no hay progreso

Las mal llamadas “esterilizaciones forzadas”

Sobre la utilización política de un programa de salud

 reproductiva.

Hace unos días se llevó a cabo en el Congreso el foro “Esterilizaciones forzadas: 18 años sin justicia”, organizado por la Parlamentaria Andina Hilaria Supa. En este se sostuvo que durante el gobierno fujimorista unas 1500 mujeres habrían sido esterilizadas sin su consentimiento. Hace un año, la misma parlamentaria organizó una Comisión del Parlamento Andino que llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al Poder Judicial por este caso. Tiempo atrás lo hizo Luz Patricia Mejía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por años la izquierda ha aseverado -sin evidencia- que se implementó una política pública que “esterilizó forzosamente a 300 mil mujeres”. La Comisión del Parlamento Andino promovida por la señora Supa le agregó la cifra de 22,000 hombres.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PSRPF  1996-2000) fue diseñado para permitir que las mujeres pobres del Perú accedan a servicios de salud y así reducir la brecha en el acceso a esos servicios entre la mujeres de los quintiles más ricos y los más pobres. El PSRPF buscó reducir las altas tasas de mortalidad materna/infantil en los segmentos más pobres, sobre todo del interior, pues sus indicadores de salud eran entre 3 y 5 veces peores que en Lima: si en Lima la mortalidad materna era de 185 x 100 mil nacidos vivos, en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada mil nacidos vivos, en Huancavelica morían 106; si la tasa de fertilidad en Lima era 2.6, en Huancavelica era 6.5 hijos por mujer. Solo 1 de 5 nacimientos ocurría en un hospital. En 1993, hubo 1670 muertes maternas, esto es una mujer moría cada 5 horas.

Hilaria Supa, activista política, sostiene que el PSRPF fue “la mayor discriminación [contra la mujer andina]” y añade que “la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población”.

Sin embargo, el PSRPF permitió que las mujeres más pobres accediesen a servicios de salud reproductiva gratuita, beneficiando a 850 mil familias al año en el período 1996-2000. Y no solo ofrecía AQV (ligaduras) sino que proveía de todos los métodos anticonceptivos disponibles. En 1997 solo el 13% eligió una AQV, el 33.6% Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU y 12% condones. ¡El 87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV! Como resultado, se redujo la mortalidad materna en 30%.

La Defensoría del Pueblo investigó varias denuncias presentadas durante y después de la implementación del programa. Rocío Villanueva estuvo a cargo de los cuatro informes emitidos. El Informe 69 encontró que de 773 quejas, solo 35 fueron por AQV sin consentimiento (10 declaradas infundadas) y que durante el gobierno de Toledo se realizaron 26 esterilizaciones sin consentimiento. Como resultado de las investigaciones, la DP ha documentado aproximadamente 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento. Entonces, ¿de dónde salen esas 300 mil “esterilizaciones forzadas”que denunció la izquierda durante la campaña presidencial 2011? ¿Cómo es que de pronto estas se redujeron a 1,500? ¿Por qué las esterilizaciones sin consentimiento ocurridas durante el Toledato no se mencionan?

Hilaria Supa afirmó que “es hora de reparar los actos de injusticia” cometidos contra las víctimas de las esterilizaciones. Y en ello estamos de acuerdo. Ya en Enero del 2014, la fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además ordenó investigar a los jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Sin embargo, el estado debería ir más allá, indemnizando a las víctimas. De esta manera pondremos fin a la utilización política del PSRPF

Por María Cecilia Villegas

09 – Jul – 2015

CARATULA DEL DIA JUEVES 9 DE JULIO

CARATULA DEL DIA JUEVES 9 DE JULIO

Urresti y los comandos

Las distintas suertes del ex ministro y de los héroes del

 rescate de rehenes

Dos hechos marcan las suertes distintas del ex ministro del Interior Daniel Urresti y de los militares de la operación Chavin de Huantar. El estado ha asumido el pago de la defensa de Urresti en el juicio por el caso Bustíos, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que se abra una nueva investigación penal a la operación de rescate de los rehenes del MRTA.

El ministerio de Defensa ha tramitado el pedido de Urresti en virtud de su derecho a la presunción de inocencia y en cumplimiento de la ley que norma la defensa judicial de los funcionarios y servidores públicos.

Urresti presentó su solicitud el 8 de abril pasado y a partir del 6 de mayo el MINDEF asumió el pago de los abogados del ex ministro, Hay que felicitar la eficiencia y diligencia con que se ha resuelto el trámite.

Sin embargo, dichos funcionarios NO brindan la misma atención a las solicitudes presentadas desde hace más de cinco años por otros oficiales que enfrentan procesos judiciales, entre ellos los generales José Williams y Luis Alatrista, jefes de la operación Chavín de Huantar. Sus solicitudes son ignoradas pese a que la ley señala que el MINDEF debe resolver las peticiones en un plazo máximo 15 días.

Lo misma discriminación sufren militares que combatieron al terrorismo en los años 80 y 90, como los generales Adrián Huamán, José Valdivia y Emilio Murgueytio, entre otros.

¿Hay alguna directiva política para privarlos de ese derecho? ¿Es partícipe el comandante Ollanta Humala de este despropósito? ¿Cómo explicar esta discriminación evidente?

La explicación está en la política de maltrato a los militares que combatieron al terrorismo, instituida el 2000, que se traduce en el allanamiento sistemático y la NO defensa ante las acusaciones de las ONG de izquierda contra aquellos, en los tribunales peruanos y en la Corte IDH. ¿Recuerdan el caso Leonor La Rosa?

También se explica en la alienación del sistema de justicia, por obra de las ONG de izquierda. El 2002 este sistema dispuso que los comandos sean procesados por fiscales y jueces anticorrupción, acusándolos así, tácitamente, de ser parte del aparato corrupto de Montesinos.

La jueza Cecilia Pollack y el fiscal Richard Saavedra dictaron orden de captura contra los comandos, con el aplauso de Aprodeh y la prensa de izquierda. El general y comando Augusto Jaime Patiño fue enmarrocado y recluido en la Dircote, para dejar constancia de que se le consideraba “terrorista de estado”.

Los hechos reseñados nos dicen que hay desde hace más de una década una actitud hostil del estado hacia los militares denunciados por las ONG de izquierda, que continúa maquillada y que explica porque jamás se ha ejercido una defensa efectiva de los militares encausados.

También explica por qué el Poder Judicial falló a favor de los terroristas del MRTA y contra los comandos, y por qué los procuradores NO impugnaron esas dos sentencias que la Corte IDH ha invocado para fallar que el terrorista “Tito” fue asesinado durante el rescate.

La Fiscalía de derechos humanos presentará pronto -cumpliendo el fallo de la Corte IDH-, una nueva denuncia por la supuesta “ejecución” del terrorista. El juez tiene dos opciones: dictaminar otra vez a favor de Aprodeh y los terroristas, o considerar los testimonios y peritajes que prueban que “Tito” murió en combate, no asesinado.

Si resuelve igual como ha resuelto hasta ahora el sistema de justicia, contra los militares, los comandos serán llamados otra vez al proceso y probablemente terminen siendo acusados. Dieciocho años después, la vía crucis continúa para quienes el país les debe tanto. ¿Qué clase de justicia es la que solo busca la vendetta de cierta izquierda?

Por Víctor Robles Sosa

07 – Jul – 2015

La verdad de las mentiras

Reflexiones acerca del fallo de la Corte IDH sobre la 

operación Chavín de Huántar.

Decir que la política se ha envilecido es casi una obviedad. Evidencias, como para que no dudemos, aparecen todos los días. Y, sin embargo, no deja de sorprenderme las actitudes de muchos políticos, quienes parecen subestimar la inteligencia de la gente con burdas mentiras e incongruentes argumentos en patéticos esfuerzos por sostenerlas. Y más sorprendente aún la postura de varios periodistas que se encargan de ser solícitas cajas de resonancias de las patrañas de algunos.

Hace poco se conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Peruano por el tema del conocido operativo Chavin de Huántar. No obstante, desde días antes ya se habían levantado muchas voces disconformes –nuevamente, pues vienen con el mismo discurso desde hace mucho– con lo que podría determinar la CIDH. “Es injusta la persecución que se hace a los comandos”, “La CIDH y los caviares sólo defienden a los terroristas”, vociferan personajes como Antero Flóres Araoz, Rafael Rey, Martha Chávez, sólo por mencionar a los que me vienen a la memoria en rápido cotejo mental.

Todas mentiras, obvio. Mentiras que han vuelto a esgrimir, increíblemente, luego del fallo de la CIHD. Nunca hubo tal persecución a los comandos que actuaron admirablemente en la exitosa operación de rescate en la casa del embajador del Japón tomada por terroristas del MRTA. Y el fallo lo reafirma: el uso de la fuerza por parte del Estado fue legítimo. ¿Los comandos deberían ser premiados, celebrados? Sí, por supuesto. Juan Carlos Tafur planteó en una columna hace un tiempo, por ejemplo, nombrar una avenida en homenaje a los comandos.

Lo que se ha venido sosteniendo, y lo que la CIHD determina en su fallo, es la necesidad que se investigue (y se resuelva) la presunta ejecución extrajudicial del terrorista llamado “Tito” cuando, según testigos, se encontraba rendido. Se dice también que los comandos lo entregaron con vida a un pequeño grupo denominado Los gallinazos. Si usted, amable lector, considera válida la ejecución extrajudicial, mejor no siga leyendo. El Estado –nosotros, finalmente, los que creemos y defendemos las leyes y el orden constitucional– no puede caer en el mismo nivel ilegal y de salvajismo (hablamos de otros casos de torturas y violaciones) de aquellos a quienes combatimos. Todo esto lo dice claramente la sentencia de la CIDH. Y sin embargo, muchos siguen con la misma cantaleta de siempre: “enemigos del Perú, persiguen a los heroicos comandos, defienden a terroristas”. Mentiras que algunos –o varios– colegas periodistas replican, indignados, en las redes sociales. ¿Son tan inocentes o, simplemente, ya poco importan principios como “verdad” y “justicia”?

Por Carlos M. Sotomayor

08 – Jul – 2015

Y, ¿dónde está la izquierda?

La virtual desaparición de las fuerzas izquierdistas en el

 panorama electoral

No obstante que la desaceleración de la economía relativiza el sentimiento general de bienestar en la sociedad, no hay nada que indique que la izquierda logre capitalizar electoralmente esta situación. No obstante también que la suspensión de los proyectos mineros de Conga y Tía María puede ser atribuido al radicalismo anti minero en general, tampoco existe nada que señale que la zurda logre algún avance electoral. ¿Qué sucede con la izquierda en el Perú? ¿Por qué desde la pulverización de Izquierda Unida en los ochenta este sector no ha vuelto a levantar cabeza?

La izquierda peruana, quizá continuando las peores tradiciones de la Contrarreforma de la Colonia, siempre se inclinó por el dogma. Mientras que las izquierdas chilena y uruguaya comenzaban su aggiornamento en los ochenta y en los noventa, en general, la zurda peruana se momificó en el credo. Quizá por eso Sendero Luminoso nació en el Perú y no en otro lugar.

Semejante estado de cosas, por ejemplo, le impidió a la izquierda peruana entender el colapso del estado populista en América Latina y extraer las lecciones de la caída del Muro de Berlín. Si a eso le sumamos la tendencia al cacicazgo, a la capilla personal, a la inveterada secesión, quizá como en ninguna parte del planeta, entonces, podríamos tener la película que explique el porqué la izquierda peruana hoy es una paria en el espacio público del país.

Cuando las reformas económicas de los noventa le permitieron  al país el crecimiento económico y la reducción de pobreza más impresionante de nuestra historia, la izquierda nacional prefirió la ideología. En vez de descubrir las fallas del modelo, las deficiencias del estado en proveer instituciones, carreteras, educación y salud, se dedicó a demonizar lo único que funcionaba del modelo: el mercado.

Cuando la mayoría de la sociedad demandaba un movimiento de formalización de abajo hacia arriba derribando una legislación laboral inalcanzable para las Pymes, la zurda prefirió el dogma de la clase obrera de las grandes fábricas y respaldó las propuestas de esa especie de muerto viviente que es la CGTP. ¿Cómo podía entonces prosperar esa zurda de minorías?

Ahora que no es posible defender con sentido común la tesis de la plusvalía marxista, ahora que es difícil señalar que empresa es sinónimo de explotación frente a millones de pequeñas empresas informales, la izquierda se viste de verde, y desarrolla una cuestionable defensa del medio ambiente con objeto de detener las inversiones en recursos naturales. Pero el avance electoral no llega, le es esquiva, demasiado lejana.

No es de extrañar entonces que la izquierda nacional se haya convertido en una minoría de minorías. El dogmatismo y el cacicazgo se combinan para producir ese devastador resultado. Hoy la izquierda no solo vive una diáspora infinita sino que su segmento intelectual casi ha perdido todo contacto con los activistas de las provincias. De allí que el viejo marxismo comience a ser reemplazado por el ecologismo radical, el radicalismo indígena, el etnocacerismo y todos los extremismos anti capitalistas.

En este contexto, con tantas minorías sin posibilidades electorales, pero que siembran radicalismo en las provincias, ¿acaso hemos superado definitivamente el trauma subversivo de los ochenta? De allí que la izquierda democrática tiene el ineludible deber de superar sus yerros ideológicos y programáticos y convertirse en una opción electoral.

Por Víctor Andrés Ponce

08 – Jul – 2015

CARATULA DEL DIA MIERCOLES 8 DE JULIO

CARATULA DEL DIA MIERCOLES 8 DE JULIO