Petróleo, elecciones y gobernabilidad

El fujimorismo gira y apoya que Petroperú maneje el lote 192

Es evidente que el contrato de servicios que el estado ha firmado con Pacific Stratus Energy para explotar el Lote 192 se convertirá en un caballito de batalla electoral que calentará el 2016. Cuando se creía que solo la izquierda radical levantaría las banderas nacionalistas y del estado empresario, la bancada nacionalista le sacó tarjeta roja al Gabinete y se diferenció del Ejecutivo. El PCM, Pedro Cateriano, parecía quedarse solo en su apuesta por la prudencia y gobernabilidad, pero el fujimorismo evitó que pasara una ley al pleno que habría acelerado el regreso del estado empresario.

El ambiente se calentaba en Loreto con el anuncio de un paro regional para el 2 y 3 septiembre exigiendo que Petroperú administre el Lote 192, pero doña Keiko Fujimori nos sorprendió señalando que la empresa estatal, símbolo del estado empresario que hundió al 60% de la población del país en la pobreza antes de los noventa, podía hacerse cargo del disputado Lote. El pronunciamiento fujimorista confirmó que,  en épocas de elecciones, las campañas se desarrollan con la izquierda, más allá de que se vaya a gobernar con la derecha.

Keiko Fujimori entonces le disputaba al congresista Manuel Dammmert las bases de Loreto y no sería extraño que, en las próximas horas, también Alan García y PPK ingresen al forcejeo electoral vistiéndose con algunos trajes de izquierda. Pero lo increíble y paradójico es que el Gabinete Cateriano se queda solo y con todo el peso de la gobernabilidad del país, porque ni siquiera tiene el respaldo de la bancada oficialista. ¿Qué está sucediendo con la política peruana? ¿De la guerra de todos contra todos pasamos al universo de lo impredecible?

Todos sabemos que se trata de estrategias electorales y de nada más. La ley 30130 impide que Petroperú ingrese a la exploración y explotación porque todos los recursos deben destinarse al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) que representa la friolera de US$3,500 millones. Según esta norma, Petroperú debe conseguir la financiación del PMRT y, por otro lado, debe reestructurarse empresarialmente para ingresar a explotar y explotar yacimientos petrolíferos.

Según los informes del Ministerio de Energía Minas y del propio Petroperú se requieren US$ 250 millones para mantener operativo el Lote 192 e incrementar la producción de los 112 pozos que operaba Pluspetrol. De otro lado, se requieren US$ 450 millones para explorar nuevas reservas en las áreas adyacentes. Todos sabemos también que la  empresa estatal no tiene dinero. En La hipótesis de que Petroperú hubiese conseguido participar con el 25% el mencionado Lote habría tenido que aportar US$ 175 millones. ¿Cómo?

Los increíbles alineamientos que comienzan a producirse alrededor del tema del petróleo nos indicarían que se viene la noche al sufrido Perú de cara a las elecciones del 2016. No solo se trata de la inclemente polarización que ha promovido el oficialismo, de la recesión que se agrava y la ineficacia de las medidas gubernamentales para restablecer la confianza del inversionista, sino que, con el desarrollo de las campañas electorales, no habrá tregua para separar la necesaria gobernabilidad de las estrategias electorales.

Los Humala, en dos canales

Sobre una entrevista presidencial con ribetes de cortina de humo.

Mientras en un canal el Presidente Humala balbuceaba algunas respuestas sobre la situación del país, en otro veíamos cómo el dinero aparece como el protagonista en las agendas de la esposa del Jefe de Estado.

Entonces, mientras Ollanta Humala no podía explicar cómo iba a dejarnos un país peor que el que había recibido, veíamos como las agendas mostraban la gran transformación de la familia Humala Heredia, con cuentas en Suiza manejadas por la hermana del Presidente y la embajadora del Perú en Francia y los muebles Ferrini y las remodelaciones inmobiliarias.

Es la tragedia del país: elegir gente que está en política para cambiar su situación económica. El presidente da una entrevista en donde le es difícil responder respecto a los problemas de seguridad o al menor crecimiento económico, refugiándose en lo que es el único legado de su gobierno: la inversión en educación.

¿Cómo creerle al Presidente Humala que en un canal de televisión trata de convencernos de sus logros, cuando en el otro seguimos viendo la danza de millones alrededor de la familia de Ollanta Humala? ¿Cómo creerle su discurso sobre la inclusión social, sobre la lucha por los más pobres, mientras vemos como su esposa gasta miles de dólares en muebles, en ropa, en viajes? Es claro que los que han salido de la pobreza son los Humala Heredia, que gracias a su paso por la política han pasado de vivir arrimados en la casa de la suegra a vivir en un condominio de dos inmuebles decorados con lo más selecto de alfombras y muebles.

Quizás en Palacio de Gobierno busquen que las denuncias sobre las agendas de la señora Heredia no se discutan. Entonces el presidente tiene que exponerse en entrevistas para las que no está preparado, con el fin de cubrir lo que se difunde en la televisión. Las dos últimas entrevistas las ha dado en un horario inusual para los medios que la transmitieron: Ni RPP, ni Latina tienen horarios de entrevistas los domingos a las ocho de la noche. Pero ambas coinciden con el horario de los programas políticos en la señal abierta.

Entonces vemos cómo la agenda nacional, que debiera ser preocupación del presidente, es subalterna a las anotaciones de las agendas de la señora Heredia. El Presidente no tiene un objetivo que comunicar salvo el de servir de cortina de humo para tapar las denuncias sobre su esposa. Y así desperdicia su credibilidad. No puede explicar porque su bancada actúa contra la opinión del  Ejecutivo y da vueltas cantinflescas sobre cómo su bancada buscaba poner en discusión algo que el Presidente del Consejo de Ministros consideraba inviable.

Es claro que los meses que le quedan de gobierno serán difíciles, porque Ollanta Humala ha decidido cumplir con papel de galante esposo y abandonar el de Presidente de la República. Esto le hace perder fuerza en los mensajes y autoridad frente a la ciudadanía. La ventaja es que tanto Humala como la oposición solo están esperando que el gobierno termine, contando los días que faltan para 28 de julio del próximo año.

Por Juan Carlos Valdivia

CARICATURA DEL DIA

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Portocarrero y la PUCP Hollywoodense

La conocida doble moral: dura con el Cardenal y blanda con Sendero

La actriz judía y doctora en neurociencia Mayim Bialik –Amy, en la comedia “The Big Bang Theory”- sostiene que Hollywood es un espacio sumamente hostil para las personas que practican su fe.

Algo similar ocurre con la PUCP, esa universidad secuestrada que hoy tiene nada de Pontificia y menos de Católica; un lugar convertido en escenario hostil contra los alumnos de fe y en incubadora de militantes contrarios a la Iglesia Católica y demás confesiones cristianas. Sus “profes” no tienen empacho en atacar al cardenal Juan Luis Cipriani, y al mismo tiempo darle el beneficio de la duda al Movadef y al neosenderismo.

Tomemos al sociólogo sanmarquino y hoy profesor de la secuestrada universidad Gonzalo Portocarrero. Sus escritos en el decano solo apuntan a que se discuta constantemente la agenda de la progresía caviar, tan lejana a las necesidades primordiales de un país donde impera la pobreza. Así antepone los “derechos” al aborto y la legalización de las drogas a los derechos a una vivienda digna, al acceso al agua potable, a la salud, a una alimentación adecuada, a la seguridad y a la educación de calidad.  

Portocarrero realizó “profundas” investigaciones sobre Sendero Luminoso y para 1998 concluyó que era “síntoma de la sociedad peruana... algo que se vino cocinando desde siempre y que eclosionó de una manera brutal”. Le faltó decir que fueron él y los de su ideología comunista los que abonaron el terreno, y mucho, para que ese “síntoma” se convirtiera en una enfermedad mortal.

Él y los suyos deslindaron tardíamente de esa ideología de sangre y muerte. Portocarrero le da el beneficio de la duda al Movadef, brazo político de Sendero:“Aparentemente en el Movadef hay una renuncia, tal vez táctica o tal vez definitiva, a la violencia. Se ha agregado un componente ecologista, se ha introducido una faceta étnico-indígena y, finalmente, está la novedosa política de generar alianzas con otras fuerzas”, dice.

Ayer, jueves, en una nota en el decano, va a la yugular del Cardenal Juan Luis Cipriani, usando la trillada excusa de un inexistente plagio en la nota “El Sentido Primaveral de Nuestra Historia”. El mismo columnista que pretende hacernos creer que el Movadef es una suerte de movimiento bucólico de retorno a las raíces de la Pachamama, quiere contarnos el cuento de que Cipriani es el cuco.

El ex militante del partido político-militar Vanguardia Revolucionaria (VR) tiene un interés particular en contra del Cardenal. Y aquí lo digo: sobrevive gracias a la universidad hollywoodense (hostil a los fieles) que en cualquier momento podría ser liberada. Esto significaría quedarse sin su tranquilo y muy bien remunerado empleo, y ¡ay que flojera, trabajar de verdad!

Aquí le doy una idea: haga su casting para alguna producción hollywoodense de bajo presupuesto y lance sus escalofriantes frases: “No creo que se pueda decir que el SL [de hoy] sea terrorista en el sentido de un empleo sistemático de la violencia…La violencia no solo ha venido del dogmatismo de SL sino también del propio Estado que tiene que ver con ideologías trasnochadas…con la defensa nacional” (El Comercio, 2012).

Por: Martha Meier Miró Quesada

¿Dónde está el piloto de emergencia?

Sobre los problemas del país y la evidente ausencia de liderazgo

¿Alguien en el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer en las actuales circunstancias de grave deterioro económico y de agudización de la inseguridad ciudadana?.

En el tiempo que les reste en el Gobierno (campaña electoral en paralelo) Ollanta y Nadine dedicarán sus mayores y mejores esfuerzos a defenderse de la andana de acusaciones, ya no solo por incapacidad e ineptitud, sino por corrupción o por la comisión de actos ilegales en general y hasta de delitos en particular.

Que los actuales cogobernantes tengan éxito o no en su empeño lo dirá el futuro y quedará registrado en la historia. Debo precisar -por si acaso- que pese a no haber votado por el nacionalismo ni en el 2006 ni en el 2011, hice explícito mi deseo de éxito de la gestión por la “tranquilidad” que ofrecía la “Hoja de Ruta” frente a “La Gran Transformación” y porque adherí a varias reformas que se intentaron poner en marcha pero que fracasaron por su mal enfoque y por ausencia de liderazgo (sistema previsional privado, la tímida e insuficiente reforma laboral), las que andan a medio camino (Servir), y las ya iniciadas y que deberían tener continuidad (Educación).

Dicho sea de paso, creo que hay ministros/ operadores en el Ejecutivo con suficiente capacidad personal y profesional; en particular en el caso de Educación, Jaime Saavedra debería permanecer en el cargo luego del 28 de julio del 2016 para asegurar la continuidad de la reforma emprendida. Sin embargo, poco es lo que un técnico puede lograr sin el respaldo político suficiente; precisamente Ollanta y Nadine se han encargado de pulverizar ese capital necesario para darle viabilidad a las reformas.

Vuelvo a lo que iba. El drama del Perú de hoy no es la feria de acusaciones entre el Gobierno y sus acusadores y entre los propios candidatos; sino el desgobierno al que asistimos, a la falta de timonel y a la ausencia de una garantía mínima de que se toman decisiones sensatas para el momento crítico que vivimos, especialmente repito, en el ámbito económico y de inseguridad.

En el primer caso, el desplome chino, la nueva afectación del precio del cobre y otros productos claves de exportación, la trepada incesante del dólar, la total retracción de la inversión privada, la insuficiencia del gasto público, el freno al crecimiento del empleo, y para colmo de males, un Fenómeno del Niño que tendrá efectos parecidos a los de 1998 si no se hace algo ya, debieron haber obligado hace varios días atrás a que el señor Cateriano o el ministro de Economía se dirijan al país dando a conocer un plan para atender estas emergencias en el corto y mediano plazo.

En el caso de la inseguridad ciudadana, la declaratoria en emergencia del sector no es necesaria para el Ejecutivo, y lo único nuevo, aparte de exigirles comer menos y hacer ejercicio a los policías gordos y panzones, es la designación de un nuevo Director de la PNP.

¿Alguien conduce esta nave? ¿Dónde está el piloto de emergencia?

Por: Mario Saldaña C. (@msaldanac)

Caricatura del día

REGION LIMA: AQUI NO SE HAN PERDIDO AGENDAS, AQUI LO QUE FALTA ES CONSTRUIR UNA AGENDA DE FUTURO..

La “Agenda” que le falta a la Región Lima

Entre el falso dilema para cambiar de nombre a la región y las noticias persistentes sobre la inseguridad ciudadana hay un detalle que el periodismo y los medios de comunicación no han “levantado”: la reducción del presupuesto del canon minero se redujo extraordinariamente. Según informes oficiales del Ministerio de Economía (MEF) el presupuesto para este año se redujo a  1,270 millones de soles si lo comparamos con el 2014.

¿Cuáles son las consecuencias de la reducción de ese presupuesto? Hay varias. Primero, afecta principalmente a las regiones “mineras” como Arequipa, Cajamarca o Ancash. Segundo hace imposible que las promesas de campaña electoral se hagan realidad, es decir no habrá “obras”. Tercero, genera un “desbalance” entre los ciudadanos y las autoridades, los “conflictos sociales”. Cuarto, altera la percepción de los ciudadanos sobre la “política” y los “políticos”. Para el común de la gente “los políticos” no sirven.

El canon minero se redujo también para nuestra región. Este año tenemos algo más de 15 millones de soles cuando en años anteriores esta cifra pasaba los 24 millones. Una reducción sorprendente. Por tanto una primera conclusión algo atrevida sería que Nelson Chui no tendría los recursos suficientes para ejecutar obras y si el presupuesto cae más (por una contracción de la economía china, los bajos precios del petróleo, menores ambientes para las inversiones y conflictos sociales) todo indicaría que el próximo año sería fatal.

Sin embargo lo que parece un problema podría ser una oportunidad. Ocurre que  el desarrollo y el progreso no dependen de los tecnócratas sino de los políticos.  La política puede hacer grandes cosas si se lo propone. La historia señala que son los políticos y no los tecnócratas quienes no han sacado de las crisis. Lo que falta entonces es que la política y los políticos diseñen una “agenda” para capear los futuros malos tiempos.       

Por eso debemos “construir” una agenda que mire el desarrollo no como una “utopía arcaica” sino como una verdad irrenunciable. Si Nelson Chui quiere pasar a la historia debe preguntarse siempre qué y cómo lo recordarán. Como alguien que puso los cimientos del desarrollo regional o alguien embarrado en mil denuncias. Eso solo él lo puede explicar.

Queda entonces construir esta “agenda”. Primero está en analizar nuestras fuerzas comparativas. Somos una región de 35 mil km, semejante a un tigre del Asía como Taiwán. Si se quiere poner en otra perspectiva algo menos que la Costa Rica actual. Tenemos cuatro ciudades emergentes. Ninguna región tiene tantas ciudades “intermedias” como ésta. Tenemos casi el 27% de la población joven. Eso nos da un “bono demográfico”. Estamos cerca a Lima, la tercera capital más grande de Latinoamérica con 10 millones de habitantes. Tenemos un mercado natural de 3 millones de habitantes en el cono norte de Lima, la nueva clase media. Tenemos mar, puertos medianos para el cabotaje, minería y potencial hídrico. Algo más, tenemos 4000 mil años de existencia, por ende somos una región turística. Eso sirve de mucho.

Ahora las debilidades son varias. La educación sigue siendo la misma. Huacho tiene cuatro universidades y apenas los estudiantes están amarrados al mercado productivo. La competitividad es casi nula. El analfabetismo y las enfermedades crónicas, como la desnutrición es persistente sobre todo en la sierra. Los gobiernos locales se preocupan más por el despilfarro y la corrupción.   El campo necesita riego tecnificado y ampliar la frontera. La exportación mayor calidad y mejores mercados. La inseguridad es un tema de todos los días, es como decía William Beveridge sobre los males que azotaban al hombre, un “gigante malvado”.

Todo esto tenemos y más. Pero lo que no hay es la mano del político. Por eso la “agenda del desarrollo regional” debe comprender el esfuerzo de la sociedad, los empresarios, los líderes de opinión y el periodismo y los políticos en primera línea. Lo que necesitamos es construir los cimientos sólidos de una región que tiene mil potenciales pero también mil necesidades.

Aquí no se han perdido agendas. Aquí lo que falta es construir una. Con el concurso de todos los ciudadanos. No se trata de etiquetas o partidos, sino de la voluntad de hacerlo. Frente al fracaso hay siempre que anteponer la esperanza.     

Javier Iván Arenas

Se nos acabó el wishful thinking

Reflexiones sobre nuestro sueño trunco de ser un país desarrollado

¿Se acuerda cuando, hace menos de un año, el CADE 2014 utilizó el lema “Hagamos del Perú un País del Primer Mundo”? Ello les costó a los empresarios peruanos las burlas de columnistas irreverentes. “Estamos a una pasito de la OCDE”, fue otra de la clase empresarial peruana, siempre tan conectada con la realidad del país, con la que gozamos. En ese momento sostuve que ello no era más que un vulgar wishful thinking (buenas intenciones) sin sustento alguno. Y, de pronto, la realidad nos golpea y los empresarios y sus buenas intenciones se van achicando.

La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidenciaba en el caso de las industrias extractivas en el Perú. Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería insuficiente para lograr el desarrollo. Hoy, que la desaceleración económica empieza a sentirse, el desarrollo se ve cada vez más lejano.

Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y a los contratos. En el Perú, la justicia, aquella que se cree ciega e imparcial, la compra aquel que tiene acceso al poder y a los Habeas Corpus, hoy tan de moda para evitar rendir cuentas ante la ley. La impunidad es cosa de todos los días y ya estamos acostumbrados a ella. Fíjese usted cómo ciudadanos investigados por el Congreso de la República, un poder del Estado, se dan en lujo de no presentarse cuando son citados a las Comisiones Investigadoras. Y cuando lo hacen se creen con derecho de ponerle límites a los congresistas. ¡Y no pasa nada!

Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, huaraquero, etnocacerista, paramilitar, sicariato) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. Y ello, en parte, debido a la campaña de deslegitimación de las fuerzas armadas y policiales emprendida por la izquierda peruana, que buscó poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Hoy la vida de un policía vale mucho menos que la de cualquier otro ciudadano. Mire usted como en Bagua y Pichanaki los Ministros del Interior del momento creyeron que la mejor forma de controlar a una turba de manifestantes azuzados por líderes radicales era enviando a la policía . . .  desarmada.

Y ahora, se nos acabó la ola del crecimiento económico . . .  y con ella el wishful thinking de la clase empresarial peruana. La visión de país no, porque esa nunca hemos tenido.

Por: María Cecilia Villegas

CARICATURA DEL DIA

CARICATURA DEL DIA

INVITACION A HUANCAYA

REGION LIMA--YAUYOS PERU

YAUYOS--ISAIAS RAVICHAGUA BEJARANO

El petróleo y la guerra estatista

El papel de Petroperú en el candelero

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) acaba de respaldar al gobierno regional de Loreto en su posición a favor de que Petroperú administre el lote 192 en los próximos 30 años, luego de que culmine la administración por dos años que se acaba de conceder a la compañía canadiense Pacific Straus Energy. Esta empresa asumió temporalmente la conducción del Lote 192 para evitar que se detenga la producción y se afecte la tecnología de explotación de los hidrocarburos. La concesión de largo plazo, entonces, está pendiente.

¿Qué hay detrás de esta ansiedad que se trasluce en el comunicado de los gobiernos sub nacionales? Es evidente que la desaceleración económica no solo afecta al Gobierno central debido a la menor recaudación y el deterioro de la caja fiscal, sino también a los gobiernos subnacionales que reducen significativamente sus ingresos por el canon minero y el de hidrocarburos. Pero también es evidente que la izquierda ha encontrado otro campo de batalla para probar suerte otra vez.

Si Petroperú asumiera la conducción del Lote 192, en la práctica estaría empezando a organizarse la empresa estatal estratégica de hidrocarburos que propone la izquierda latinoamericana y que revienta en pedazos con las experiencias de PDVSA en Venezuela y Petrobras en Brasil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el inicio de la llamada integración vertical de Petroperú, sumada al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara que representa una inversión de US$ 3,500 millones, de una u otra manera, sería el embrión de una “empresa estratégica”.

Vale recordar que el Lote 192 produce cerca de 10,000 barriles diarios, emplea a 6,000 trabajadores y representa el 17% de la producción nacional de crudo. Se calcula que las reservas suman 125 millones de barriles. Es incuestionable, pues, que si Petroperú asumiera la conducción del mencionado lote ya estaríamos en la crisálida de una empresa estratégica.

De allí, por ejemplo, la obsesión del congresista Manuel Dammert en agitar todas las banderas estatistas y representar algunos sentimientos nacionalistas. En esa línea, ha presentado un proyecto de ley para evitar que el 49% de acciones de Petroperú se vendan al sector privado.

Para nadie es un secreto que, más allá de su orfandad electoral, la izquierda suele manejar las mejores armas de la guerra ideológica y política. Refundar Petroperú como una empresa estratégica no solo es crear un “elefante blanco” para financiar clientelas y corruptelas en preciso momento en que el precio de los hidrocarburos se viene abajo, sino que coloca una clara avanzada estatista, un Caballo de Troya, en contra de la economía de mercado en momentos de desaceleración económica del país.

El frenazo reduce el ritmo de reducción de la pobreza y de la ampliación del bienestar, y el discurso del fracaso del modelo por la dependencia de los precios de los minerales fomenta diversas apuestas estatistas. Desde las bienintencionadas propuestas para diversificar la economía hasta el retorno de las empresas estratégicas del estado empresario que hundió al 60% de la población peruana en pobreza.

La idea de una empresa estratégica en hidrocarburos es simplemente aterradora para la libertad. El chavismo demolió el sector privado venezolano señalando que había “empresas sociales” y “empresas de lucro”. Los altos precios del petróleo le permitió subsidiar la economía y consolidar el engendro estatista y autoritario que hoy contemplamos. El humalismo de los primeros dos años quiso ensayar con la restitución del monopolio de los combustibles mediante la compra de La Pampilla, pero no pasó ante la oposición de las mayorías. Sin embargo, la izquierda persiste y anuncia paros y protestas. Que las mayorías vuelvan a hablar.

Minería: matando a la gallina

Más impuestos a la minería es menos competitividad

Alfredo Zegarra,  el alcalde de la Provincia de Arequipa, en su discurso por el 475 aniversario de la fundación española de la Ciudad Blanca, anunció que pedirá a la empresa minera Cerro Verde un “aporte voluntario”  de S/. 500 millones para la “ejecución de obras”. En ese mismo sentido la gobernadora regional, Yamila Osorio,  se había pronunciado exigiendo que “todas las empresas mineras se comprometan”  a financiar un banco de proyectos para la región.

Los mismos vientos soplan en el norte del Perú. Desde la provincia de Celendín, en Cajamarca, alcalde José Luis Urquía, y un grupo de alcaldes preparan una movilización pidiendo el incremento del canon minero no obstante que se oponen  a la minería. La razón de esta repentina convergencia de autoridades locales es la abrupta caída del del canon minero. Según cifras oficiales del ministerio de Economía (MEF), para este año el monto asignado es de  S/1,709 millones en tanto que el año pasado fue S/.2.979 millones. La reducción presupuestaria es de, nada menos, S/1.270 millones.  

La propuesta de las autoridades subnacionales equivale a imponer un nuevo impuesto a las empresas mineras en momentos que descienden los precios de los minerales, se agravan los conflictos sociales y crecen las trabas burocráticas. En otras palabras, se está proponiendo reducir la competitividad del país en el sector. Es como matar a la gallina de los huevos de oro.  Vale recordar que el Perú está en el límite superior en cuanto a competitividad si se le compara con competidores directos como Chile, Canadá o Australia.

Según un estudio de la empresa Apoyo Consultoría, la carga de impuestos  a una empresa cuprífera bajo el actual esquema de tributación es de 43% de la utilidad operativa. Es decir, si tomamos en consideración el impuesto a la renta, la participación de los trabajadores, y el nuevo gravamen especial, la tributación minera en el Perú es superior a Canadá, donde oscila en 40%; Chile 36% y Australia 33%. Asimismo, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE)  señala que, entre la década de 1999-2009, antes del cambio del sistema de tributación por el gobierno nacionalista, la carga tributaria de la minería era 1.7 veces mayor al conjunto de los otros sectores productivos.

La propuesta de los alcaldes mencionados no considera que el precio de la libra del cobre ha retrocedido en el mercado internacional originando menos producción y menos márgenes de ganancia. A ello habría que sumar que el radicalismo antiminero, los conflictos sociales, los engorrosos trámites ministeriales, la corrupción e ineficiencia de los gobiernos regionales y locales han paralizado proyectos por un monto superior a US$ 21.000 millones, según el IPE. Sin embargo, a pesar de todos los vientos en contra, el Perú todavía tiene ventajas comparativas y opciones para competir en el mundo. Por ejemplo, el costo de la tarifa eléctrica para la producción industrial  en el Perú es más bajo que el promedio de Latinoamérica, incluido Chile y Colombia, y el costo de extracción del mineral es menor que en Canadá o el vecino país sureño.

Lo que debe llamar a la reflexión es  la inviabilidad de la propuesta de las autoridades regionales y locales mencionadas, que deberían ser las más interesadas en promover las inversiones mineras que han posibilitado ingentes recursos para obras e infraestructura de los gobiernos sub nacionales. A veces por una mala apreciación o desesperación terminamos matando la gallina de los huevos de oro.

Nadine, la justicia y el calvito

Sobre el fallo judicial a favor de Nadine Heredia y las agendas

El fallo judicial que cancela la investigación fiscal abierta a Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos es una demostración más de la debilidad institucional de nuestro país. En una democracia consolidada, el sistema de justicia actúa con absoluta independencia frente al poder político. En el Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una autonomía de papel, en los hechos están sometidos por el poder político, por más que ciertos políticos lo nieguen.

Un ejemplo ilustrativo de cómo trabaja una justicia autónoma es lo que vemos hoy en Brasil con el “caso Lava Jato”. A los magistrados de ese país no les ha temblado la mano para investigar, procesar, encarcelar y condenar a los más altos dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores. Ejercen su jurisdicción sobre el poder político con independencia, cumpliendo su deber de perseguir y castigar el delito.

Mientras en Brasil la justicia recibe muestras de aprecio y apoyo de la gente, en el Perú las encuestas indican que el 80% de los ciudadanos, en promedio, desaprueba al Poder Judicial, en una tendencia que se mantiene por décadas. Por eso estamos en el puesto 124 -entre 144 países- del ranking global de Independencia Judicial; y en el puesto 104 del ranking de Ética y Corrupción, ambos del Foro Económico Mundial.

La polémica resolución judicial a favor de Heredia parece darle la razón a un gran sector ciudadano que percibe que nuestra justicia se compra con poder o con dinero.

De otra parte, las agendas de Heredia han desatado una vorágine de denuncias de corrupción que parece no tener final. Las nuevas denuncias al respecto son tan categóricas que el Ministerio Público al parecer estaría formulando una nueva acusación en los próximos días y esta vez el Poder Judicial no tendría argumentos para archivarla.

La nueva estrategia del abogado de Heredia para evitar una segunda investigación fiscal se sostiene en el argumento de que las agendas no pueden servir de pruebas porque le fueron sustraídas a la primera dama y, por lo tanto, es muy probable que hayan sido manipuladas y alteradas en su contenido. “Están contaminadas”, sostiene el doctor Roy Gates.

Sin embargo, existe una amplia jurisprudencia penal que contradice esa estrategia. Por ejemplo, Vladimiro Montesinos trató impedir que los vídeos de la corrupción sean considerados pruebas en su contra utilizando el mismo argumento de Roy Gates, y la justicia rechazó semejante pedido tras ponderar el valor de los vídeos.

De esta manera, los jueces no podrían negarse hoy a admitir como pruebas las agendas sin riesgo a exponerse a una denuncia por presunto delito de prevaricato. Sería además un escándalo mayúsculo una resolución de esa naturaleza después de haberse hecho públicos los abundantes y consistentes indicios de presuntos delitos que contienen las agendas.

¿Cómo podría negarse un juez independiente a indagar, por ejemplo, la coincidencia entre los pagos de US$9,000 mensuales que empezó a recibir la señora Rocío Calderón después de que Heredia se reunió el presidente de la empresa brasileña OAS y su representante en el Perú? ¿Tiene algo que ver ello con que las dos damas usen la misma tarjeta de crédito? ¿Tiene que ver todo lo anterior con que OAS haya sido favorecida después por contratos con el Estado por S/.1,400 millones?

Además, la señora Heredia ha caído en gruesas contradicciones. Primero negó que las agendas existan, después dijo que eran montajes, luego denunció que se las robaron y ahora pretende que la justicia no investigue lo que contiene.

Por último, la justicia debe esclarecer quién es el “calvito barbón” que aparentemente le entregó a Heredia casi seis millones de dólares. ¿A cambio de qué dio esa suma, cuál fue el destino de ese dinero, fue declarado a las autoridades electorales y tributarias? Por cierto, ¡que coincidencia que el presidente de OAS es calvito y barbón!

Por: Víctor Robles Sosa

Comulgar con el Perú

Sobre la probable alianza electoral entre el Apra y el PPC

La afirmación de la lideresa del PPC Lourdes Flores, quien declara en El Comercio "hasta comulgaría con el Apra", da un vuelco importante a la campaña electoral y abre el camino para que viejos adversarios tiendan puentes de entendimiento.

En otro plano, el ex Presidente Aprista Alan García propone una alianza con las regiones y las diferentes expresiones sociales y políticas. Su intención es  que el próximo gobierno emprenda  las profundas reformas que el Estado requiere para impulsar el desarrollo con justicia.

Mientras por un lado Alan García propone la alianza, Lourdes Flores  reconoce por otro lado al Apra y al PPC como partidos organizados y dice en sus declaraciones “la tradición y la historia: eso nos une”.

Cada cual, con su propia visión, muestra una esperanzadora voluntad de coincidir, de acercar la política a millones de peruanos defraudados y concertar criterios en beneficio de la mayoría. Este hecho rompe la confrontación entre una parte fundamental de la élite dirigente del país y allana el camino de la coincidencia.

El objetivo de Alan García es enfrentar la desbordada situación de inseguridad ciudadana y prepararnos para vencer el tiempo difícil que anuncia el alza del dólar, la desaceleración de la economía China y la baja de los precios de nuestros principales productos de exportación. Se viene una etapa compleja y la idea del líder aprista es afrontarla con una alianza plural para avanzar.

La agenda política y mediática nos hunde en una espiral de escándalos y confrontaciones que generan inestabilidad y ansiedad. Las acusaciones y contra acusaciones, los personajes comprometidos, los hechos, nombres y relaciones son tantos que uno siente estar en medio de un entrevero maldito. Queremos salir del ruido infernal, pero estamos secuestrados por esta realidad infame.

El interés mayoritario es diferente y no está en los escándalos y ni siquiera en la vergonzosa corrupción de políticos, empresarios, funcionarios, periodistas y otros que forman parte de ese nefasto espectáculo.

Alan García propone una alianza para refundar la república del siglo XXI y que el nuevo presidente -sea cual fuere el elegido- inspire, conduzca y consiga los acuerdos para lograr el anhelo de vivir tranquilos y vivir bien.

La propuesta del ex mandatario plantea otra forma de gobernar con la participación responsable de diferentes expresiones políticas. Se trata de cimentar un estado eficiente al servicio de todos y especialmente de los humildes. La iniciativa recoge su aprendizaje como gobernante y la de su largo encuentro con la sociedad peruana.

Un compromiso nacional por la seguridad ciudadana, la igualdad y el crecimiento puede comenzar a construirse en esta elección con el aporte de todos. El nuevo presidente elegido necesita apoyo y no sólo votos para cumplir con las tareas de su gobierno.

Por distintas vías Lourdes Flores y Alan García coinciden en la urgencia de recuperar la confianza y darle viabilidad al país. Es la mejor forma de comulgar con el Perú.

Por Hugo Otero

Pesca: DS-05-PRODUCE ha fracasado

Balance del polémico decreto, tres años después de su aprobación

El Decreto Supremo 05-2012-PRODUCE, que prohíbe la pesca industrial antes de la milla 10 en el litoral centro norte y de la 5 en el sur,  cumple hoy tres años de vigencia, y el momento parece oportuno para que las autoridades hagan un balance de sus resultados. Por lo pronto, las cifras indican que esa norma legal es la que más daño le ha ocasionado a la actividad pesquera industrial en los últimos tiempos.

El momento es oportuno porque se aproxima un fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria o fuerte, que afectará negativamente a la pesca industrial como consecuencia del alejamiento de los cardúmenes de anchoveta por efecto del calentamiento de las aguas. El fenómeno se presenta además en circunstancias que las empresas pesqueras arrastran tres años consecutivos de dificultades económicas originadas por las restricciones impuestas por el DS05-2012-PRODUCE.

También es necesario hacer un balance porque al país le urge reactivar su crecimiento económico, esfuerzo en el que el sector pesquero podría aportar todo su potencial si se le libera de las restricciones que le impiden crecer desde el 2012.

La eliminación de esas trabas también ayudaría mucho a mejorar el clima de inversión que ha sido enrarecido en los últimos años por las políticas erradas del gobierno. Todos los economistas señalan que este enrarecimiento es la causa fundamental de la desaceleración del crecimiento económico.

De otra parte, se debe evaluar si el decreto polémico ha cumplido su objetivo, que es promover la pesca de anchoveta para consumo humano. En este punto, otra vez, las cifras son categóricas: antes del decreto, el 2011, se extrajeron 125,000 toneladas de anchoveta para consumo humano; después del decreto, el 2014, esa pesca cayó a 40,000 toneladas.

Lo sorprendente es que la caída se produjo pese a que, tras la aprobación del decreto, se multiplicó la flota de embarcaciones menores dedicadas a esa actividad. ¿Cómo explicar esto? La explicación está en que esas embarcaciones prefieren vender la anchoveta a las plantas informales procesadoras de harina y aceite de pescado porque pagan más que los mercados de consumo humano. En otras palabras, el objetivo ha fracasado.

Por cierto, el gobierno ya ha reconocido dicho fracaso, implícitamente, al aprobar, en julio pasado, una resolución ministerial que crea un Grupo de Trabajo encargado de “identificar la problemática de la pesca para consumo humano”.

En marzo último, la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció que el DS05-2012 es inconstitucional, y en virtud de ello dictó una medida cautelar que lo ha dejado en suspenso. Gracias a esta medida, la pesca se realizó sin restricciones en la primera temporada 2015, con resultados excelentes. Sin embargo, el PRODUCE apeló la sentencia y el caso está ahora en manos de la Corte Suprema.

¿Para que esperar que el Poder Judicial confirme la sentencia si el decreto, que ha fracasado a todas luces, perjudica a la pesca industrial y a la economía nacional, justo cuando ésta necesita reactivarse?

Lo mejor que podría hacer el gobierno es derogar ya el DS05, porque así propiciaría la recuperación de un sector clave de la economía, que exporta en promedio unos US$ 2,300 millones al año (en este gobierno ha caído a US$1,700 millones) y que brinda empleo directo o indirecto a más de 100,000 personas. En medio de la desaceleración, el gobierno debe levantar las trabas que impiden el crecimiento del sector pesquero.