Estado de Derecho se viene abajo mientras la DINI espía
los secretos de Gastón
En declaraciones recientes, el Presidente sostuvo que Sendero Luminoso junto a otros intereses políticos estarían detrás de campañas violentistas buscando desestabilizar al país. Mientras que para su ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, el nivel de violencia registrado en los últimos días contra el proyecto Tía María “nos hace recordar los años más oscuros de violencia en el Perú”.
Lo que convenientemente se olvidó el Presidente es que esos intereses políticos corresponden a quienes formaron parte de las bases de su movimiento: las huestes etnocaceristas controladas por su hermano desde la prisión, que fueron traicionadas cuando Ollanta pactó con los poderes fácticos. ¿Por qué Ollanta y Nadine “ignoran” el poder de Antauro? Bastaría con recordar cómo, durante el gobierno de García, el entonces jefe del Gabinete Ministerial Yehude Simón, acostumbraba ir a Piedras Gordas a negociar con Antauro la solución de conflictos sociales.
La explotación de recursos naturales es un tema complejo y quienes sólo analizan un ángulo, ya sea los beneficios económicos o el daño ambiental, obtendrán un análisis incompleto. Su explotación genera beneficios en el corto plazo: inversión, crecimiento económico, puestos de trabajo e ingresos para el Perú. Pero también puede generar impactos significativos, por ello los EIA buscan identificarlos para poder mitigarlos. ¿Que se impacta? el ecosistema y sus funciones ecológicas. No sólo la cantidad o calidad del agua. Estos ecosistemas son bienes públicos. Su afectación nos perjudica a todos los peruanos, por eso el Estado es responsable de tutelarlos. Y debe hacerlo responsablemente, exigiendo a las empresas los estándares internacionales más altos.
Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de regular adecuadamente a las industrias extractivas. y estas, expertas en capturar rentas del Estado (y funcionarios) no solo tienen una imagen negativa, sino que han generado gran desconfianza en las comunidades. Estas no tienen “voz”, ni existe presencia del Estado que tutele sus derechos, ni partidos políticos que las representen. Este descontento es aprovechado por organizaciones radicales y sus métodos violentos. Las industrias extractivas no han logrado interiorizar aún que los campesinos de las zonas aledañas a sus proyectos no son los mismos del siglo XX, a quienes podían imponerles lo que quisieran. El crecimiento económico y el mayor acceso a la educación los ha empoderado, convirtiéndolos en ciudadanos que reclaman presencia del Estado y están dispuestos a lo que sea necesario por ser escuchados. Ya no basta con comprar dirigentes y asustar campesinos.
La responsabilidad de la Southern en el malestar de la población es innegable, como lo es la falta de capacidad y ceguera de sus directivos. Pero lo cierto es que la responsabilidad de evitar que el conflicto escalara al punto en el que se encuentra es del Estado Peruano. Y sin embargo, durante el entierro de Ramón Colque Vilca, quinto muerto que deja el conflicto, los agitadores preguntaban “¿Quien lo mato carajo?” y el pueblo respondía “La Southern”. Mientras una irresponsable columnista de Perú 21 sostenía que en el Perú “se vive una guerra civil entre una empresa minera y la población local”.
No hay duda de que Ollanta Humala, al término de su mandato, nos dejará un país peor del que encontró. Porque si aún no se ha dado cuenta, el Estado de Derecho se nos está viniendo abajo, mientras los servicios de Inteligencia averiguan los secretos de Gastón.
Por Ana Luisa Guerrero
28 – May – 2015
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