Jueces en campaña

Sobre la condena al ex ministro Aurelio Pastor y la

 independencia de la justicia

Un tribunal de la Corte de Justicia de Lima acaba de sentenciar a cuatro años de prisión efectiva al ex congresista y ex ministro de Justicia Aurelio Pastor, tras hallarlo responsable del presunto delito de tráfico de influencias, que está tipificado por nuestro Código Penal (Artículos del 428 al 431) de 1991.

Aquel Código señala que ese delito se produce cuando una autoridad o funcionario público ejerce presión sobre otra autoridad o funcionario público, sobre la cual ejerce influencia, con el fin de conseguir de él una resolución que se desea.

El Diccionario Jurídico precisa al respecto que “El sujeto activo, por tanto, es la autoridad o funcionario público cuyo concepto, a efectos penales, viene contemplado en el artículo 24 del Código Penal, concepto que también debe predicarse del sujeto pasivo que estará constituido por aquel funcionario o autoridad cuya voluntad aparece viciada por la conducta del primero”. Queda claro que es un delito imputable única y exclusivamente a funcionarios públicos, ergo, no puede ser aplicado a personas que desarrollan actividades privadas.

No obstante la claridad de la ley, los magistrados de la 1a Sala Penal de la Corte de Justicia de Lima declararon a Aurelio Pastor culpable de tráfico de influencias. ¿Cómo explicar semejante sentencia? Solo hay dos explicaciones posibles: los jueces ignoran la ley o la han interpretado mal por alguna razón. Me inclino a lo segundo.

Tenemos un sistema de justicia débil, sometido a la voluntad política del poder. No es la primera vez que vemos cómo se sentencia en función de presiones políticas. En el caso de Pastor es obvio que la presión viene desde lo más alto del poder y el propósito es claro: poner tras las rejas a un exministro del Gobierno aprista. La campaña electoral ha comenzado y ciertos jueces ya entraron a ella.

Pero más allá del caso Pastor, el tema de fondo es que si queremos construir una verdadera democracia no podemos seguir tolerando que la justicia siga siendo manipulada y convertida en arma de persecución y de ajustes de cuenta políticos. Los peruanos necesitamos un sistema de justicia eficiente, rápido y, sobre todo, independiente y autónomo respecto del poder político. Solo así tendremos una justicia recta y transparente, sin jueces obsecuentes ante el poder.

De otro lado, enerva la doble moral de cierta prensa que denuncia a los políticos o autoridades que presionan a jueces y fiscales, pero a la vez ejerce una presión igual o mayor sobre los magistrados para que condenen a absuelvan según el parecer de esos medios. El caso Pastor es un ejemplo de este comportamiento.

Dejándose arrastrar por fobias y antis políticos, cierta prensa ha perdido el equilibrio profesional repitiendo hasta el hartazgo una grabación que supuestamente prueba que Pastor cometió un delito, y dándole al ex ministro un espacio ínfimo para hacer sus descargos.

Esa prensa tampoco ha informado que el Colegio de Abogados de Lima opina que Pastor respetó el código de ética de su profesión en sus tratos con la persona que lo acusa. Y tampoco han verificado si el Código Penal permite condenar por tráfico de influencias a quien no es funcionario público.

Estamos, entonces, ante un caso evidente de instrumentalización de la justicia por el poder político, de presión mediática sobre la justicia, y de desinformación de la ciudadanía. Y todo ello se explica por la proximidad de las elecciones y por el odio político que no nos deja ser una nación cabalmente democrática y republicana.

Por Víctor Robles Sosa

19 – May – 2015