Las mal llamadas “esterilizaciones forzadas”

Sobre la utilización política de un programa de salud

 reproductiva.

Hace unos días se llevó a cabo en el Congreso el foro “Esterilizaciones forzadas: 18 años sin justicia”, organizado por la Parlamentaria Andina Hilaria Supa. En este se sostuvo que durante el gobierno fujimorista unas 1500 mujeres habrían sido esterilizadas sin su consentimiento. Hace un año, la misma parlamentaria organizó una Comisión del Parlamento Andino que llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al Poder Judicial por este caso. Tiempo atrás lo hizo Luz Patricia Mejía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por años la izquierda ha aseverado -sin evidencia- que se implementó una política pública que “esterilizó forzosamente a 300 mil mujeres”. La Comisión del Parlamento Andino promovida por la señora Supa le agregó la cifra de 22,000 hombres.

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PSRPF  1996-2000) fue diseñado para permitir que las mujeres pobres del Perú accedan a servicios de salud y así reducir la brecha en el acceso a esos servicios entre la mujeres de los quintiles más ricos y los más pobres. El PSRPF buscó reducir las altas tasas de mortalidad materna/infantil en los segmentos más pobres, sobre todo del interior, pues sus indicadores de salud eran entre 3 y 5 veces peores que en Lima: si en Lima la mortalidad materna era de 185 x 100 mil nacidos vivos, en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada mil nacidos vivos, en Huancavelica morían 106; si la tasa de fertilidad en Lima era 2.6, en Huancavelica era 6.5 hijos por mujer. Solo 1 de 5 nacimientos ocurría en un hospital. En 1993, hubo 1670 muertes maternas, esto es una mujer moría cada 5 horas.

Hilaria Supa, activista política, sostiene que el PSRPF fue “la mayor discriminación [contra la mujer andina]” y añade que “la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población”.

Sin embargo, el PSRPF permitió que las mujeres más pobres accediesen a servicios de salud reproductiva gratuita, beneficiando a 850 mil familias al año en el período 1996-2000. Y no solo ofrecía AQV (ligaduras) sino que proveía de todos los métodos anticonceptivos disponibles. En 1997 solo el 13% eligió una AQV, el 33.6% Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU y 12% condones. ¡El 87% de los beneficiarios eligió una opción distinta a la AQV! Como resultado, se redujo la mortalidad materna en 30%.

La Defensoría del Pueblo investigó varias denuncias presentadas durante y después de la implementación del programa. Rocío Villanueva estuvo a cargo de los cuatro informes emitidos. El Informe 69 encontró que de 773 quejas, solo 35 fueron por AQV sin consentimiento (10 declaradas infundadas) y que durante el gobierno de Toledo se realizaron 26 esterilizaciones sin consentimiento. Como resultado de las investigaciones, la DP ha documentado aproximadamente 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento. Entonces, ¿de dónde salen esas 300 mil “esterilizaciones forzadas”que denunció la izquierda durante la campaña presidencial 2011? ¿Cómo es que de pronto estas se redujeron a 1,500? ¿Por qué las esterilizaciones sin consentimiento ocurridas durante el Toledato no se mencionan?

Hilaria Supa afirmó que “es hora de reparar los actos de injusticia” cometidos contra las víctimas de las esterilizaciones. Y en ello estamos de acuerdo. Ya en Enero del 2014, la fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además ordenó investigar a los jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Sin embargo, el estado debería ir más allá, indemnizando a las víctimas. De esta manera pondremos fin a la utilización política del PSRPF

Por María Cecilia Villegas

09 – Jul – 2015