Región Lima: Sin orden no hay progreso

Región Lima: Sin orden no hay progreso

No hacía falta ser pitoniso. No había “Plan Cuadrante” porque en el furor de la campaña todo valía para llegar al poder. Era pura comunicación política. Ahora resulta que aunque el Gobierno Regional de Lima está primero en ejecución del  gasto en proyectos de inversión según el Ministerio de Economía y Finanzas resulta que también estamos primeros en una  lista crítica de inseguridad. Solo un ver, en plena luz del día asaltan un conocido banco en Cañete.    

Augusto Comte, padre del positivismo y también de la sociología proclamó el orden y progreso como principio. Fue tanto su impacto en América Latina al fin del siglo XIX que hasta en la bandera del Brasil el “Orden y Progreso” se hizo más famoso. Es cierto que el problema da para más. Es complejo como todo en la vida. Pero si algo es seguro es que todas las experiencias de países que lograron el desarrollo tanto de izquierdas o derechas necesitan un mínimo de orden social que haga posible la convivencia respetando el estado de derecho y la ley.

En un país con un crecimiento económico desordenado como este, con desbordes y conflictos sociales, sin liderazgos políticos, con debilidades institucionales, con partidos endebles y un estado en suma ineficiente es claro que la inseguridad ciudadana ocupe el primer lugar en las encuestas como una demanda inmediata. También en todos los ejemplos de desarrollo el grado de confianza entre los ciudadanos es vital pero fundamentalmente el grado de confianza en su “estado”. La inseguridad ciudadana genera mayor desconfianza e incertidumbre al ver que “su estado” con sus armas legales -ministerio público, la policía nacional o los juzgados- no resuelven el problema y hay un olor rancio de impunidad. Días antes conocimos el reclamo público a la fiscalía o a los juzgados que dejan en libertad a bandas organizadas o delincuentes por no existir mayor prueba en su contra a pesar de que “todos los caminos conducen a Roma”.

Eso hace entre otras cosas que el ciudadano decline por un gobierno fuerte ante la debilidad de las instituciones administradoras de justicia. Por eso posiblemente el fujimorismo de Keiko se mantenga en su sólido 30%. Los ciudadanos relacionan el gobierno de su padre con una percepción de orden y mano dura. El país entonces se endurece. Prefiere la mano de hierro ante la impunidad de la débil democracia con sus instituciones y mira no con menor delicia los ejemplos en otras latitudes –Singapur, Corea, China- donde la imposición de un sistema de condenas duras como la pena de muerte han logrado desincentivar el delito.

Las causas pueden ser variadas o profundas, estructurales si se quiere. La pobreza ha sido por años un “supuesto legítimo” para la aparición de la delincuencia pero aún así investigaciones recientes no concluyen nada. En algunos países con mayor desarrollo económico la delincuencia es también mayor. Del mismo modo no se sabe si la pena de muerte es una solución eficiente. Pero como habíamos dicho los ciudadanos se sienten desprotegidos frente a una ola interminable donde hay la percepción de que el estado “no responde”.

Pero eso no evita en ningún momento que el estado en todos sus espacios geográficos se limite solo a hacer marchas o protestas pacíficas para rechazar la inseguridad. Faltan varias cosas para un tema sumamente complejo. Aún así el estado puede actuar de forma eficiente para atender el problema. La primera sería a través de inversión pública. Por ejemplo preocupa sobremanera que desde hace años solo once cámaras, algunas malogradas, estén activas en una ciudad como Huacho con más de 70 mil habitantes. Eso puede solucionarse mediante un plan de seguridad amarrado a un programa de inversión multianual. Es decir gestión pública moderna. También es importante incluir a la ciudadanía que han “privatizado” en cierta forma parcelas de justicia. Hoy es recurrente ver urbanizaciones o barrios “asegurados” o por rejas o por personal pagado por los propios ciudadanos. La coordinación entre las instituciones que administran justicia también es importante, aunque como se sabe, cada una funciona a su “ritmo”.

El nuevo código procesal penal apenas ha cumplido nueve años y ya se encuentra algunas fallas. Algunos lo creen “muy garantista” y otros encuentran las debilidades en quien las hace cumplir, es decir los jueces y fiscales. El otro problema es sempiterno: la policía nacional.

Willian Beveridge, animador del estado de bienestar decía que había que matar a “los cinco gigantes malvados”: la desocupación, la ignorancia, la enfermedad, la miseria y la desocupación. Acaso también debió poner la inseguridad ciudadana.            

Javier Iván Arenas